Un Grito por la Democracia ¿Sin Políticos?

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Autor: Antonio Abreu Rodríguez
El domingo 16 de febrero 2020 marcó un hito en la historia democrática de la República Dominicana, cuando parecía que todo terminaba, surgió la luz, caímos en la cuenta de que una nueva era había nacido o al menos un nuevo capítulo  se escribía. Pasamos de la frustración a la esperanza.
Un fallo técnico imperdonable compelió a la Junta Central Electoral a suspender las elecciones municipales en todo el país, a solo cuatro horas de haber iniciado el proceso de votación.
Tres escenarios posibles se barajan en la opinión pública sobre qué aconteció para que un proceso electoral que le costó una fortuna al país terminara en semejante desatino.
El primero un supuesto intento de fraude por parte del gobierno  y el Partido de la Liberación  Dominicana, el segundo un posible sabotaje orquestado por algún partido de la oposición con influencias a lo interno de la JCE,  con la intención   de culpar al gobierno para capitalizar el descontento de la población y tomar ventaja en la reanudación de las elecciones municipales   y un tercer escenario  que establece  que probablemente se tratara de un caso fortuito, un fallo técnico en los equipos pura y simplemente.
En todos los escenarios hay un gran perdedor y responsable: La JCE, encabezado por su presidente Julio César Castaño Guzmán, puesto que en cualquiera de los tres escenarios quedó demostrado que el  sistema de voto  automatizado era vulnerable, que al asumirlo se tomaba un riesgo innecesario que no daría garantías de unas elecciones transparentes y seguras, lo que representaba un atentado contra la paz social.
Aunque sería  injusto no reconocer el adecuado manejo que ha dado la JCE al caso, primero informando oportunamente a los delegados de los partidos políticos de la situación presentada la noche del 15 de febrero, luego de recibir los informes de la instalación de todos los equipos que se utilizarían al día siguiente. Segundo al suspender el proceso de votación al constatar que sería imposible resolver la situación de acuerdo al protocolo acordado con los partidos la noche anterior y tercero convocando a elecciones extraordinarias para el próximo 15 de marzo, en el tiempo que establece la ley . No haber procedido oportunamente pudo desencadenar en hechos  violentos que habrían manchado aun más ese desafortunado día.
El segundo gran perdedor por lo sucedido es el gobierno y el partido oficialista. Después  de la intensa batalla librada entre el danilismo y el leonelismo la población dominicana se encuentra hastiada de los escándalos generados  a raíz de esa lucha por el poder.  Esto sumado al desgaste natural que ha sufrido el PLD tras 16 años de gobierno de manera ininterrumpida y 20 de los últimos 24 años. Parece lógico suponer que el gobierno no soportaba un escándalo más y las consecuencias de esta situación deberán reflejarse en los próximos días cuando comiencen a aflorar las encuestas.  Esperemos a la  Gallup y la  Mark Penn.

Si es cierto que  la calidad de la democracia de una nación es directamente proporcional a la calidad de sus ciudadanos, lo que se ha visto a raíz de lo sucedido habla muy bien del progreso que en materia de democracia, luchas sociales y tolerancia estatal  hemos alcanzado como país. Lo que en este momento surgió de la espontaneidad y la histeria colectiva por la coyuntura del fiasco electoral, tiene su raíz en una serie de luchas sociales que vienen sucediendo  en los últimos años y que tienen como factor común la protesta pacífica.

Recordamos las luchas contra la cementera de Los Haitises,  la Barrick Gold y  Loma Miranda, así como la lucha por el 4% para la educación y como antesala a  la revolución de los jóvenes, la Marcha Verde.

Dos aspectos relevantes resaltan en las manifestaciones de estos días en la Plaza de la Bandera y otros puntos del país, el primero el involucramiento de una generación de jóvenes armados con creativas pancartas y  mensajes de protesta  y segundo la decisión de estos jóvenes de no dejarse usar por los intereses partidistas que pretendían sacar ventajas de ellos para su propio beneficio. En este sentido es resaltable el hecho de la suspensión de las protestas el domingo 23 de febrero para no mezclarse con la «Marcha por la democracia» que realizarían los partidos de la oposición ese día. Así también la expulsión de la Plaza de la Bandera del Príncipe Karim y el rechazo a la integración de Hector Acosta en el extraordinario Trabucazo 2020 realizado el día de la independencia nacional, entre otros.

Mientras los partidos políticos, que no son ni tontos ni perezosos, trabajan desde el primer momento en la solución del percance, estableciendo acuerdos con la JCE de cara a la celebración de las nuevas elecciones municipales, la juventud enardecida pedía la cabeza del organismo. Al principio las demandas requerían la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral y sus suplentes.

Aunque la primera intención de las protestas representaba una amenaza probablemente mayor para la estabilidad democrática por el vacío institucional que generaría y la dificultad que podría vislumbrarse para los partidos ponerse de acuerdo en la conformación de una nueva JCE, la actitud de los jóvenes ha resultado ser una llamada de atención a la clase política dominicana, a todos sin excepción. Una advertencia de quienes representan el futuro de las decisiones electorales del país, dejando claro su inconformidad con todo el sistema político y su decisión de actuar en consecuencia.

No se requiere una mayoría para generar suficiente ruido capaz de transformar la opinión pública para bien de la sociedad, una minoría decidida y constante puede pasar de ser una leve brisa fresca  a convertirse en un gran  huracán que se lleve de paso la corrupción, la impunidad, la insolencia y el abuso de poder, así como el caudillismo mesiánico y arcaico del cual no logramos desprendernos totalmente.

Ojalá que la expresión de los jóvenes sea esa brisa fresca que haya dado inicio a la revolución de la conciencia…  y se aproxime el huracán.