Jaque en Ministerio de la Juventud: dos titulares en un año

La decisión fue tomada por el presidente Luis Abinader a casi cuatro semanas de que transcendiera una acusación contra la ahora exministra sobre supuestas irregularidades durante un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por valor de 3 millones de pesos.

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Las apuestas del actual Gobierno en el Ministerio de la Juventud han terminado en jaque: dos titulares destituidas en un año y tres meses, luego de que en sus gestiones fueran señaladas presuntas irregularidades.

La primera en asumir el cargo fue Kinsberly Taveras Duarte, nombrada el 16 de agosto de 2020 por el decreto 324-20 tras ser anunciada para el cargo el 23 de julio de ese año, cuando el entonces el presidente electo Luis Abinader conformó su gabinete.

La escogencia de Taveras Duarte fue elogiada, se destacó su trayectoria académica y política. Una ingeniera química egresada cum laude, especializada en energías renovables, y que fue la directora municipal más joven del país al ganar las elecciones en La Guáyiga (municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo), en 2010, a los 22 años.

Pero la estela de la joven ministra se difuminó cuando en una entrevista con la periodista Nuria Piera en octubre de 2020 se puso en cuestionamiento su patrimonio de 106 millones de pesos, y su “éxito empresarial” bajo contratos de servicios con alcaldías.

Después de semanas de polémicas, se anunció una investigación y la entonces ministra tomó licencia. Renunció a su cargo el 7 de diciembre de 2020 y fue sustituida por Luz del Alba Jiménez, nombrada dos días después por el decreto 694-20, quien hasta el momento de su designación ocupó el cargo de viceministra de Planificación del Ministerio de la Juventud.

Ayer, Jiménez fue destituida por medio del decreto 786-21, tres días antes de cumplir un año en sus funciones. La decisión fue tomada por el presidente Luis Abinader a casi cuatro semanas de que transcendiera una acusación contra la ahora exministra sobre supuestas irregularidades durante un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por valor de 3 millones de pesos.

A diferencia de la titular anterior, Jiménez no tomó licencia de su cargo al anunciarse una investigación por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Anti-Fraude de la Contraloría General de la República.

Investigación a Taveras

Tres días después de la entrevista de Kinsberly Taveras con Nuria Piera, el 13 de octubre de 2020, la DGCP suspendió a la entonces ministra del Registro de Proveedores del Estado (RPE) en el cual figuraba con dos empresas.

Diez días después, se presentó a la Procuraduría General de la República donde fue citada para un interrogatorio, en el cual guardó silencio, acogiéndose al derecho constitucional de no declarar, según explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho. En febrero pasado fue interrogado Juan Carlos Ventura, exesposo de Taveras y quien figuraba como socio en sus negocios.

En la actualidad se desconoce el estado de las indagaciones sobre el alegado tráfico de influencia de las empresas de la exministra, que suplían a varios ayuntamientos, lo que viola la Ley 340-06.

Para diciembre de 2020 se informó que la DGCP había depositado ante la Pepca documentación sobre la investigación de oficio sobre la exfuncionaria, relacionados con la licitación AMBC-LPN-001-2017 realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos, cuya adjudicación por RD$2,625,000 recayó en la compañía OAR Imperio S.R.L. vinculada a Taveras.

El génesis caso contra Jiménez

El caso contra Luz del Alba Jiménez comenzó con la denuncia de su exconsultor jurídico, José Manuel Vidal Tejada, quien aseguró que ésta lo presionaba para adjudicarles el contrato a dos empresas que había seleccionado de antemano (Inversiones Gretmon, SRL y Sketchprom, SRL). Dijo, al interponer la denuncia ante la Procuraduría, que el esposo de Jiménez, Kelvin Fidel Méndez, director de compras en el Instituto Superior Comunitario (ITSC), es quien tenía en el Ministerio de la Juventud a la persona encargada de manipular los procesos de compra.