Dictan coerción a 13 implicados en sobornos Odebrecht

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El Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, emitió ayer una decisión histórica en materia de lucha contra la corrupción administrativa al imponer medidas de coerción contra 13 de los 14 imputados por el caso de sobornos Odebrecht. 
En su escrito, el magistrado especificó que en atención al artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, se ordena prisión preventiva por un año en la cárcel pública de La Victoria, para Ángel Rondón Rijo; nueve meses de prisión preventiva en la cárcel modelo de Najayo para Víctor José Díaz Rúa y Conrado Enrique Pittaluga; seis meses para Juan Temístocles Montás, Ruddy González y Porfirio Andrés Bautista García, en el mismo centro de reclusión y tres meses para Máximo Leonidas de Óleo Ramírez y César Domingo Sánchez Torres, también en la cárcel modelo de Najayo.
En el caso de Ramón Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, el juez Ortega Polanco ordenó, basado en el artículo 226 numeral 6 del Código Procesal Penal, prisión domiciliaria contra estos imputados, por un lapso de nueve meses. 
A los legisladores Tommy Alberto Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián y Alfredo Pacheco Osoria se les impuso la medida de coerción establecida en el artículo 226, numeral 1 y 2, consistente en el pago de una fianza de RD$5,000,000 como garantía económica e impedimento de salida del país. 

Proceso complejo

El juez, además, declaró complejo el proceso, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir el procedimiento preparatorio y ratificó el desglose del expediente del imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra fuera del país y no se ha presentado al proceso. 
Frente a esta decisión, las partes tienen ahora 20 días para introducir, ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, los recursos de apelación. 
A su salida de la audiencia, el senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, señaló que es una persona respetuosa de las normas y de la justicia y destacó que en este caso seguirá las recomendaciones técnicas que le hagan sus abogados. 
También el senador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, dijo que se limita a la espera del estudio del caso por parte de sus abogados y lamentó la situación de los imputados por la imposición de la coerción. 
El diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco, salió bastante consternado y enojado de la audiencia y se negó a hablar con la prensa; mientras que el empresario Ángel Rondón Rijo expresó a su llegada a la celda de Ciudad Nueva, desde donde será trasladado a La Victoria, que “ahora es que empieza el pleito; tenemos un año en las costillas, ahora es que empieza el pleito, porque el juez ha sido tan irresponsable como la Procuraduría porque no tienen ninguna prueba y se los hemos manifestado a todos, entonces si la justicia es la presión social, entonces debieran ponerle a la Procuraduría prisión social, irresponsables todos”, expresó. 
El Caribe