Brutal, indignante e inaceptable

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Los abusos y agresiones perpetrados ayer por las autoridades del centro de retención de vehículos El Canódromo contra el Defensor del Pueblo y miembros de la prensa, constituyen un bochornoso acto de fuerza bruta, totalmente injustificable.

El legítimo poder del Defensor del Pueblo y el derecho de la prensa a buscar la información sobre lo que allí sucede han sido arbitrariamente violentados por las agresiones físicas, despojo y destrucción de equipos de los reporteros, un típico acto de autoridad dislocada.

Luego de una serie de reportajes del LISTIN DIARIO sobre la situación que afecta a miles de ciudadanos cuyos vehículos han sido retenidos y encuentran trabas o dilaciones en los procesos de devolución o recuperación, el Defensor del Pueblo decidió hacer una visita de investigación, pero la bienvenida que recibió fue la de un empujón de un agente que le cerró el paso para que no entrara al local.

El LISTÍN, en particular, también fue víctima del atropello porque sus dos reporteros, Lourdes Aponte y Raúl Ascencio, fueron despojados de sus equipos y físicamente agredidos por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Después de este inaceptable ejercicio de fuerza bruta, que nos retrotraen a un ambiente de francos abusos de la autoridad contra la libertad de prensa, es imperativo que el gobierno ordene una auditoría y una investigación profunda sobre el modus operandi de ese centro y la legitimidad de sus actos de incautación o retención.

Las denuncias de que allí opera una especie de mafia que negocia los permisos de devolución, cobro de multas o que sustrae piezas y hasta vehículos, ameritan su pronto esclarecimiento, además de las debidas sanciones ejemplares contra sus responsables.

Este atropello ha suscitado una amplia condena de la sociedad, porque contradice el espíritu de apertura y respeto a la libertad de expresión que ha mostrado el presidente Luis Abinader, en el interés de fortalecer la institucionalidad y la transparencia de los actos gubernamentales.