Asamblea Nacional Constituyente retira inmunidad a Guaidó para abrir el camino a su enjuiciamiento

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La Asamblea Constituyente de Venezuela (ANC), integrada solo por chavistas, aprobó este martes la continuación del enjuiciamiento al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países y al que el Supremo solicitó retirar la inmunidad.

Entre vítores y aplausos, la Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad de sus miembros en un “decreto constituyente” la “continuación del juicio” a Guaidó, refiriéndose al artículo de la Constitución relativo a la inmunidad parlamentaria.

La decisión fue tomada después de que ayer el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solicitara a la ANC “el allanamiento a la inmunidad parlamentaria” de Guaidó tras declararlo en desacato.

La semana pasada la Contraloría, organismo encargado de fiscalizar las finanzas públicas, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. El lunes el Supremo dictó una sentencia en la que solicita a la Asamblea Nacional Constituyente revocar la inmunidad parlamentaria del líder político por haber “quebrantado” una sentencia de prohibición de salida de Venezuela, lo que lo despojaría de cualquier protección frente a un posible juicio y arresto, y le impuso una multa por 200 unidades tributarias (unos 3 euros). La víspera

La comunidad internacional que ha dado respaldo a Guaidó se ha anticipado a los planes del chavismo rechazando la medida. El ministro de exteriores español, Josep Borrell, escribió este martes en su cuenta de Twitter: “España continúa demandando que se respeten la libertad e integridad física del presidente encargado, que se restauren las competencias de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y que se preserve el fuero de los diputados”.

Maduro ha señalado a Guaidó como responsable de la durísima crisis eléctrica vive al país desde principios de marzo, acusándole de ser parte de un ataque al sistema diseñado en Estados Unidos, que ha obligado a aplicar un racionamiento y que también costó la salida del ministro de la cartera anunciada el lunes.

Jurídicamente, el procedimiento que intenta el chavismo está fuera de la norma constitucional, según varios intérpretes de la Ley Fundamental. Esa lectura establece que solo la Asamblea Nacional que dirige el propio Guaidó está facultada para retirar el fuero del que gozan los diputados y algunos altos funcionarios. Para los juristas se trata de un acto de usurpación de poderes públicos por parte del Supremo y de la Constituyente que se suma al bloqueo judicial que ha hecho el chavismo del Parlamento desde que quedó en manos de la oposición en 2015. El Parlamento del chavismo, electo en julio de 2017 en unos comicios señalados por fraude y que no fueron reconocidos por la oposición ni la comunidad internacional, no podría entonces emprender este proceso. Pero el aparato oficialista aún mantiene el control de los poderes fácticos.